Del fraude carrusel en el IVA

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La modalidad de fraude carrusel del IVA  (del francés fraude carrousel) consiste en un abuso de la exención del IVA en el comercio intracomunitario. Como se observa en la imagen, una empresa residente en otro país comunitario (“intermediaria”) vende productos a empresas nacionales y emite facturas sin IVA por tratarse de operaciones intracomunitarias exentas. La compradora española (“trucha”) revende el producto a otras empresas españolas facturándoles el IVA, sin embargo, y aquí está la magia, este IVA repercutido no es declarado ni ingresado por las llamadas “truchas”. Las compradoras de las “truchas” se denominan “pantallas”, las cuales vuelven a vender el producto a otras empresas españolas, declarando e ingresando IVA repercutido y deduciendo IVA soportado. Las “pantallas” no son imprescindibles, pero se utilizan para complicar la detección de la trama. Las compradoras de las “pantallas”, llamadas “distribuidoras”, venden el mismo producto a empresas de terceros países sin repercutir IVA por tratarse de operación exenta, pero eso sí, deduciendo IVA soportado y presentando declaraciones negativas ante la Hacienda Pública para obtener la devolución correspondiente. Finalmente las “intermediarias” darán dinero a las empresas de terceros países y comenzará de nuevo el “carrusel”.

¿Dónde está el fraude? La Hacienda Pública no ha recibido el ingreso de IVA repercutido por parte de las “truchas” y sin embargo está devolviendo el IVA soportado a las “distribuidoras”. La idea es que ante la Hacienda Pública aparezcan como defraudadoras las llamadas “truchas”, que serán sociedades efímeras, sin activos y administradas por hombres de paja ilocalizables. El beneficio se lo llevará la “distribuidora” y lo repartirá entre todos los intervinientes. A mayor número de vueltas al “carrusel”, mayor beneficio se obtiene.

Aunque la transacción económica sea simulada, no significa que las mercancías sean inexistentes o que no se estén moviendo. De hecho cuanta más documentación exista que demuestre el movimiento de la mercancía, mayor prueba de realidad económica se le podrá dar a la trama fraudulenta. Simplemente se necesitan mercancías fácilmente transportables y sobrevaloradas. El ejemplo clásico es el material informático.

Es obvio que la actuación de la Administración Tributaria ante estos fraudes debe dirigirse hacia la trama en su conjunto y no meramente a perseguir a un eslabón de la misma. Pero ojo! el delito fiscal requiere ánimo defraudatorio y ya la STJCE de 12 de enero de 2006 (caso Bond House Systems Ltd (C-484/03)) nos decía que “el derecho de un sujeto pasivo que efectúa tales operaciones a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado no puede verse afectado por el hecho de que en la cadena de entregas de la que forman parte dichas operaciones, sin que ese mismo sujeto pasivo tenga conocimiento de ello o pueda tenerlo, otra operación, anterior o posterior a la realizada por este último, sea constitutiva de fraude al impuesto sobre el valor añadido.” Es decir, el dolo de la “distribuidora” debe probarse.

Precisamente para ello aparece la Ley 36/2006 de 29 de noviembre que introduce un apartado quinto en el artículo 87 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre sobre el IVA, añadiendo como responsables subsidiarios de las cuotas tributarias correspondientes a operaciones gravadas a los destinatarios de las mismas que debieran razonablemente presumir que había existido fraude en la declaración e ingreso del IVA repercutido. Y añade que se entenderá que debieron haberlo presumido si el precio satisfecho en la operación fue notoriamente anómalo.

Pues bien, el TSJ de Cataluña en su sentencia 64/2009 de 26 de enero afirma que “tales presunciones no pueden estar formuladas de modo que resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil para el sujeto pasivo refutarlas mediante prueba en contrario. Como señala el Abogado General en el punto 27 de sus conclusiones, tales presunciones provocan de facto un sistema de responsabilidad objetiva, lo que va más allá de lo necesario para preservar los derechos de la Hacienda Pública.”

Y es que las presunciones que pueden valernos para el orden tributario, pueden resultar insuficientes en materia penal, la cual requiere una constatación de hechos delictivos y una específica participación del autor.

Así que como conclusión cabe citar a la Audiencia Provincial de Sevilla, que en su sentencia 139/2012 de 9 de marzo reza: “sin duda a nadie escapa que cuanto más lejos en la cadena de sucesivas compraventas se sitúe la Sociedad que quiera hacer valer frente a la Hacienda la devolución del impuesto (que ella sí soportó) de aquella otra entidad que omitió sus obligaciones fiscales “desapareciendo” tras poner en poner en marcha el fraude, mayor serán las dificultades probatorias que se hallarán”.

Un saludo.

 

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