De las falsedades y sus inconsistencias

Encontramos los delitos de falsedades recogidos en nuestro Código Penal en el título XVIII entre los artículos 386 a 403, sin olvidarnos de los artículos 629 y 637 referentes a las faltas en dicha materia. En el articulado pueden encontrarse ciertas inconsistencias que merece la pena subrayar a modo de reflexión.

El artículo 389 referente a la falsificación, expendición, distribución y uso de sellos de Correos y efectos timbrados castiga, entre otros,  al adquiriente de buena fe que conociendo su falsedad los distribuye o usa en cantidad superior a 400 euros. ¿Qué ocurre con el adquiriente de mala fe? El supuesto no cabe en la literalidad del precepto, aunque obviamente debemos incluir dicha conducta en el mismo, dado que de lo contrario castigaríamos lo menos grave (adquisición de buena fe y posterior conocimiento de su falsedad) y dejaríamos sin castigo lo más grave (adquisición conociendo previamente su falsedad). Otra cuestión es qué opinión nos merece que se castiguen por igual dos conductas con diferente grado de desvalor.

El artículo 399 referente a la falsificación, tráfico y uso de certificaciones también adolece de ciertas inconsistencias. El precepto castiga de igual forma al falsificador, traficante e incluso al que simplemente hace uso de la certificación falsa. ¿No resulta mucho más reprochable la conducta del que distribuye certificaciones falsas para su uso por terceros que el que simplemente utiliza una certificación falsa en su propio beneficio?

Misma cuestión nos plantea el artículo 399 bis referente a la falsificación, distribución y uso de tarjetas de crédito falsas. El apartado segundo del artículo castiga la tenencia de las tarjetas falsificadas preordenada a su distribución o tráfico. Sin embargo, no encontramos castigada en el artículo la efectiva distribución o tráfico de las mismas. Así pues, se castiga con la misma pena el acto preparatorio y la acción final.

¿Nos encontramos ante vulneraciones del principio de proporcionalidad de la pena?

Por último y mirando hacia el artículo 391 en el cual se castiga a la autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurre en falsedad documental o da lugar a que otro la cometa, cabe preguntarse una cuestión: asumiendo la doctrina española (que no alemana) en la que el particular puede responder como extraneus partícipe, ¿Qué sucede si el engaño del particular sobre el funcionario es tal que la falsedad documental del funcionario no puede ser calificada como de imprudencia grave sino leve? ¿Nos encontramos ante la impunidad del particular que comete engaño perfecto sobre el funcionario?

Reflexión inspirada por: Dr. Víctor Gómez Martín

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