De la retroactividad de las leyes penales favorables que inapliquen leyes temporales

Profundizando en los límites del Ius Puniendi propios de un Estado de Derecho y en el principio de legalidad (aquello que Feuerbach decía de nullum crimen, nulla poena sine lege), la lectura me ha llevado a analizar las exigencias de lex praevia, scripta, certa y stricta y su expresión en los principios de irretroactividad y retroactividad de la ley penal más favorable. Tras entender su aplicación en las leyes procesales penales (tempus regit actum) y la cuestión de la posible retroactividad de la ley intermedia más favorable, me he encontrado con la irretroactividad de leyes penales más favorables que inapliquen leyes temporales más severas. Cuestión esta última a la que dedico mi reflexión.

Pues bien, ¿debe aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal más favorable cuando inaplique una ley temporal más severa? Obviamente la respuesta es negativa en atención al art.2.2 CP, pero interesa aquí reflexionar sobre la justificación de esta excepción.

¿Por qué se aplica la retroactividad de la ley penal más favorable? Queda clara la justificación de la retroactividad de la ley penal más favorable por no afectar al significado limitador del principio de legalidad ni a la seguridad jurídica del ciudadano. Sin embargo, este principio tiene aun más interés si nos centramos en el fin último del Derecho Penal, entendido aquí como protección -con límites- de la sociedad. Si la nueva ley penal más favorable responde a un cambio de criterio en cuanto a lo que consideramos necesario para proteger a la sociedad, no tendría sentido seguir aplicando la ley anterior al reo, dado que hemos aceptado que esa ley no era la necesaria para la adecuada protección de la sociedad. Deberemos aplicarle por tanto la consecuencia jurídica que sí consideramos correcta respecto al supuesto de hecho.

¿Qué es lo que hace especial a las leyes temporales? Tal y como indica Mir Puig, entendemos por ley temporal aquellas dictadas por un plazo previamente determinado, llamadas también “de excepción” si obedecen a circunstancias excepcionales (guerra, desórdenes interiores, catástrofes) y cuya duración se calcula limitada. La ley temporal se fija por un periodo determinado y respondiendo a circunstancias especiales. No existe cambio de criterio en cómo se debe responder ante el supuesto de hecho. Nada influye aquí nuestra concepción de cómo la ley penal debe proteger a la sociedad en circunstancias normales, sino cómo debe hacerlo en situaciones excepcionales. Pierde así el sentido el aplicar la retroactividad de la ley posterior más favorable, dado que lo que ha acontecido en este caso no ha sido un cambio de criterio en la mejor forma en la que el derecho penal debe proteger a la sociedad, sino un cambio de las circunstancias en las que se aplica el derecho penal y en las que, a cada una de ellas, corresponde una distinta consideración de protección de la sociedad.

Si aplicásemos en aquellos delitos que se hubiesen cometido en circunstancias excepcionales retroactivamente una norma penal pensada para proteger a la sociedad en circunstancias normales, estaríamos dejando a la sociedad sin la protección que consideramos necesaria –ley temporal– en dichas circunstancias especiales (guerra, desórdenes interiores, catástrofes).

La cuestión es clara atendiendo a la función de prevención general negativa de las normas. La retroactividad de las leyes penales favorables opera hasta que el reo finaliza su condena. Al contar la ley temporal con un plazo de aplicación determinado, sería muy posible que determinados reos que hubiesen cometido delitos bajo la ley temporal, no cumpliesen el total de su condena durante el plazo de vigencia de ésta. Es más, piénsese que en circunstancias normales el ciudadano asume que la norma penal será aplicada de cara a futuro por tiempo indeterminado, sin embargo, en el caso de la ley temporal, el ciudadano conoce que esa ley temporal más severa se aplicará por tiempo determinado. De aplicarse la retroactividad de la ley posterior -la cual obviamente será más favorable- el ciudadano no se vería motivado por la ley temporal, dado que asumiría que finalmente se le aplicará la ley posterior. La función intimidatoria de la ley temporal se vería francamente comprometida y la protección de la sociedad que se pretende sería ineficaz.

Parecen claros los motivos que impiden la aplicación del principio de retroactividad de las leyes penales más favorables cuando ello determine la inaplicación de una ley temporal.

Reflexión inspirada por: Dr. Santiago Mir Puig    

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